EXHUMACION DE FRANCO
La piedra de escándalo
El pasado 24 de agosto, el Gobierno aprueba el decreto ley para la exhumación de los restos de Franco. El decreto introduce en el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica (2007) el requisito de ser víctima de la Guerra Civil para yacer en el Valle de los Caídos. Además, detalla los pasos legales que deben dar el Gobierno, la familia y las diferentes administraciones implicadas en la exhumación. El Gobierno decidirá el destino final de los restos, “asegurando una digna sepultura”, si la familia no manifiesta su voluntad al respecto “en tiempo y forma”.
Se objeta que un decreto ley está reservado sólo para casos de “extrema y urgente necesidad”. El Gobierno argumenta que la actuación fue exigida con “preferencia” por el Congreso de los Diputados en mayo de 2017, cuando se aprobó la iniciativa que instaba al ejecutivo de Rajoy a la exhumación de los restos del dictador. El Congreso se posicionó a favor de la exhumación sin ningún voto en contra: el PP y Esquerra se abstuvieron, los demás partidos votaron a favor. Además, tal actuación ha sido solicitada recurrentemente por Naciones Unidas. Dice Pedro Sánchez: “Ninguna democracia puede tener un mausoleo que rinda homenaje a un dictador”.
Durante el gobierno de Zapatero, en 2011, un grupo de 14 expertos advertía que la presencia de Franco en el Valle de los Caídos era “incongruente”, puesto que fue concebido únicamente para los muertos en la Guerra Civil y Franco no murió en ella. Además, su presencia hacía imposible “resignificar” el monumento y recomendaba su traslado. También entendía que había que mover a José Antonio Primo de Rivera del lugar de preeminencia en el que se encuentra.
La familia Franco comunica que “bajo ningún concepto colaborará activa o pasivamente” con el traslado de los restos. Los nietos son “los únicos legitimados” para decidir sobre ellos y “agotarán todos los recursos legales” para impedir que el féretro salga del Valle de los Caídos. Por burofax la familia advirtió previamente al Gobierno que la exhumación podía constituir “un delito de prevaricación y usurpación de funciones, sin perjuicio de la posible comisión de un delito de profanación de sepultura, ubicada en un lugar de culto, inviolable de acuerdo con el tratado internacional con la Santa Sede de 1979”. El presidente de la Fundación Franco, Juan Chinarro, afirma que “una exhumación sin el permiso de la familia es una profanación” (24-8-2018), “sin Franco la Iglesia católica no existiría hoy en la actualidad”, “me resultaría una muestra de ingratitud que lo permitiera” (27-8-2018).
El portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, afirma que la Iglesia no tuvo ni tiene que ver con la decisión de enterrar o de exhumar en el Valle de los Caídos: “La decisión que origina la presencia de los difuntos en el Valle de los Caídos no nace de ella (la Iglesia) ni le corresponde a ella su permanencia o no” (28-6-2018). Ahora bien, desde el principio la Iglesia asume (con todas las de la ley) la decisión de enterrar a Franco en la basílica y ahora toma también su propia decisión a la hora de exhumarlo.
La basílica, administrada por la comunidad de los benedictinos, es pontificia. Por tanto, depende directamente del Vaticano, pero “de Roma viene lo que a Roma va”. En este caso, el Papa asume lo que viene de Madrid. En caso de conflicto, el Arzobispado de Madrid podría no autorizar la entrada de las máquinas en la basílica, sobre la que rige el Concordato con la Santa Sede, renovado por los Acuerdos Iglesia-Estado (1979). Según estos acuerdos, el Estado no tiene competencia sobre cementerios, exhumaciones y traslado de restos en lugares eclesiásticos.
El mismo día 24 de agosto el Arzobispado de Madrid emite un comunicado en el que afirma que la Iglesia “acatará el mandato legal” sobre la exhumación de Franco. Además, “como Iglesia no nos compete valorar la conveniencia ni la urgencia de la modificación legal; sí mostrar nuestra efectiva disposición para acoger en terreno sagrado los restos mortales de un bautizado. También volvemos a invocar la oportunidad de un acuerdo entre el Gobierno, las distintas opciones políticas y la familia del difunto”.
El comunicado del Arzobispado será canónico, pero poco evangélico. Asume el derecho del bautizado a ser enterrado “en terreno sagrado”, cualificación propia de vieja cristiandad. Sin embargo, el comunicado “se traga el camello” (Mt 23, 24), el escándalo que supone la tumba de Franco en una basílica y en lugar de honor, lo que revela de forma monumental la vergonzosa alianza de la Iglesia con la dictadura. Para muchos, creyentes y no creyentes, está claro: no se puede comulgar con piedras de molino. La losa de la basílica, de 1.500 kilos, es una piedra de escándalo. Por tanto, ¡ya es hora!, urge retirarla: “Quitad esto de aquí” (Jn 2,14).
Julián Casanova denuncia como farsa “los consejos de guerra por las que pasaron decenas de miles de personas” en la posguerra (El País, 23-8-2018), “no menos de 50.000 personas fueron ejecutadas en los diez años que siguieron al final oficial de la guerra” (La Iglesia de Franco, 239-240). El Valle de los Caídos, dice Francisco Erice, no es un “monumento a la reconciliación”, sino una “apología del franquismo”. No tiene ningún sentido que en plena democracia se mantenga “un lugar de homenaje público a los restos de un dictador” (El Comercio, 26-8-2018).
Con fecha 30 de septiembre de 1936, el entonces obispo de Salamanca Enrique Pla y Deniel, en su carta pastoral “Las dos ciudades”, consideró la Guerra Civil como una cruzada: “Una cruzada por la religión, por la patria y por la civilización”. Durante cuarenta años se impuso esta visión del pasado. Pero existía y existe otra visión. La Guerra Civil fue una “guerra entre los hijos del mismo pueblo, de la misma madre patria” (Pío XI), una “empresa pasional de odio y violencia” (Gumersindo de Estella), una “inútil matanza fratricida” (Esteban Pinilla), una locura, como se dice en el salmo 85: “Dios anuncia la paz con tal de que a su locura no retornen”. Más aún, “esa guerra civil no la provocó la República, ni sus gobernantes”, fue “un asalto al poder en toda regla” (Julián Casanova), “comenzó la sublevación por el procedimiento de liquidar físicamente a los enemigos. Y la respuesta fue del mismo género” (Manuel Tuñón de Lara). La violencia anticlerical, que Antonio Montero llamó “persecución religiosa”, produjo 6.832 víctimas en zona republicana. Tras la ocupación de Guipúzcoa por parte de las tropas franquistas, un millar de personas fueron ejecutadas: entre las víctimas hubo 16 sacerdotes vascos.
Ahora bien, si la Guerra Civil no fue una cruzada, sino una matanza entre hermanos, una locura, es preciso revisar la posición de la Iglesia y hacer claramente una confesión eclesial. No se puede decir sin más que fue mártir si fue también verdugo. No se puede evangelizar “a cristazo limpio” (Marino Ayerra). Una cosa es dar la vida por Cristo y otra muy distinta quitársela a los demás en nombre de Cristo. La pretendida re-catolización de España no podía hacerse por la fuerza. Esa es precisamente la tentación del poder (Mt 4,9), el camino que no quiso seguir Cristo para cumplir su misión: “Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi gente habría combatido” (Jn 18,36; ver Memoria histórica ¿Cruzada o locura?, pp. 4-9 y 52-53). La cruz de la basílica no es una cruz cristiana, es símbolo de poder absoluto y nefando.
Lo dice Isaías Lafuente en su libro “Esclavos por la patria”. Franco “siempre tuvo en el cercano monasterio de El Escorial y en su fundador, Felipe II, motivos de inspiración para su obra”. Con una diferencia importante: “En la inauguración del Valle de los Caídos, Franco y su mujer entraron en la basílica no portando el palio (como Felipe II, en la inauguración del monasterio), sino bajo palio”, “ambos fueron enterrados en los altares mayores de sus respectivos monumentos”. Tras la ceremonia de inauguración (el 1 de abril de 1959, día de la Victoria), Franco se encuentra con el arquitecto Diego Méndez en el altar mayor de la basílica y le dice, señalando el suelo: “Bueno, Méndez, y en su día yo aquí”. “Ya está hecho, mi general”, respondió el arquitecto (Temas de Hoy, Madrid, 2002, 132).
Una imagen vale por mil palabras. La foto de Franco bajo palio entrando en iglesias y catedrales fue de época. El 19 de mayo de 1939 se celebró en Madrid el desfile de la victoria. El día después, en un acto celebrado en la iglesia de Santa Bárbara, Franco entregaba al Cristo de Lepanto su espada vencedora. A la puerta del templo, le recibió el obispo de Madrid, Leopoldo Eijo y Garay. Mientras sonaba el himno nacional, Franco se acercó al altar bajo palio, llevado por miembros del Gobierno. Según testimonio de Ramón Serrano Súñer, el obispo de Madrid le dijo a Franco: “Nunca he incensado con tanta satisfacción como lo hago ahora con Vuestra Excelencia”. El general depositó su espada a los pies del Santo Cristo, leyó una oración y se hincó de rodillas ante el cardenal Gomá, que le bendijo. Ambos se fundieron en un abrazo.
El historiador y sociólogo Santos Juliá, en su libro “Historias de las dos Españas”, hace esta dura denuncia: “La Iglesia había triunfado en una guerra civil, que para ella había supuesto una verdadera hecatombe, pero de la que salió restablecida en la plenitud de su poder. Había sido, después de mártir, verdugo, por completo desprovista de conmiseración para con los vencidos, todo lo contrario, no sólo vencedora sino vengativa: sus clérigos habían asistido a la ejecución de decenas de miles de prisioneros una vez la guerra terminada, sosteniendo con su presencia y su palabra una estrategia de depuración y limpieza”. Es decir, un escándalo, verdadera piedra de escándalo.
Con fecha 13 de septiembre de 2018 el Congreso de los Diputados aprueba sacar a Franco del Valle de los Caídos con la abstención del Partido Popular y de Ciudadanos. La Iglesia Católica debe revisar su posición y hacer claramente una confesión eclesial.
Sacan a Franco del Valle de los Caídos, pero ¿adónde lo llevan? El cardenal Osoro no ve inconveniente en que Franco sea enterrado en la cripta de la Almudena. La cripta es una parroquia y no es la catedral: “Hay una propiedad de Franco y, naturalmente, como cualquier cristiano, tiene derecho a poder enterrarse donde ellos crean conveniente”, “no es un problema del Arzobispo ni de la Iglesia” (1-10-2018). Sin embargo, “la propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto”, “el derecho de propiedad no debe ejercerse con detrimento de la utilidad pública, según la doctrina tradicional de los Padres de la Iglesia y de los grandes teólogos. Si se llegase al conflicto entre derechos privados adquiridos y exigencias comunitarias primordiales, corresponde a los poderes públicos aplicarse a resolverlos con la activa participación de las personas y de los grupos sociales” (Pablo VI, Populorum Progressio 23).
Algunos aspectos canónicos y legales: “Se han de negar las exequias eclesiásticas, a no ser que antes de la muerte hubieran dado alguna señal de arrepentimiento: …a los pecadores manifiestos, a quienes no pueden concederse las exequias eclesiásticas sin escándalo público de los fieles” (c. 1184, 3). Y también: “No deben enterrarse cadáveres en las iglesias, a no ser que se trate del Romano Pontífice o de sepultar en su propia iglesia a los Cardenales y a los Obispos diocesanos, incluso eméritos” (c. 1242). Muy importante la exclusión de toda acepción de personas, ya reprobada por el Vaticano II (SC 32).
La expropiación implica una limitación del derecho de propiedad. El Estado puede privar de un bien al titular del mismo, si es considerado de utilidad pública. La Ley 21499 sostiene que la utilidad pública comprende todos los casos que resulten en promoción de la satisfacción del bien común.
Bien común puede considerarse la exigencia democrática primordial de evitar una inhumación que suponga homenaje a un dictador, además para muchos sanguinario. Desde el punto de vista eclesial, bien común puede considerarse la exigencia evangélica primordial de evitar un escándalo público. Para muchos, creyentes y no creyentes, está claro: no se puede comulgar con piedras de molino. La losa de Franco es una piedra de escándalo.
El pasado 29 de octubre la vicepresidenta Carmen Calvo y el secretario de Estado Pietro Parolin tuvieron una reunión en Roma: “El cardenal entendió, dijo la vicepresidenta, que debíamos buscar una salida para que los restos de Franco estén en un lugar con dignidad pero que no pueden ser objeto de homenaje de ningún tipo. Acordamos trabajar de manera conjunta para encontrar una salida que obviamente no puede ser La Almudena”.
El Vaticano emitió un comunicado en el que precisó: “El cardenal Pietro Parolin no se opone a la exhumación de Francisco Franco, si así lo han decidido las autoridades competentes, pero en ningún momento se pronunció sobre el lugar de inhumación”.
La vicepresidenta anunció en el Congreso que “el Ejecutivo usará la ley de memoria histórica para impedir el deseo de la familia Franco de que el dictador sea enterrado en La Almudena” el Ejecutivo “tiene mecanismos” para ello (30-10-2018). Como afirma Carlos García de Andoin, la base ya consolidada del delito de exaltación podría permitir extender la ley de memoria histórica a la inhumación de los restos de Franco “en lugares de sepultura que por su naturaleza o significación implicasen legitimación o exaltación tanto del dictador como del régimen franquista” (RD, 3-11-2018).
Jesús López Sáez
Noviembre de 2018